Cristina Kirchner robó. Ella y varios de sus funcionarios en conjunto con su empresario amigo actuaron como una banda de ladrones direccionando millones de las arcas del estado para su beneficio. Esto fue lo que ella jamás pudo explicar. Por eso atinó a acusar a todos de todo. La vicepresidenta, en ejercicio de la presidencia de la Nación, recién sentenciada, acusó al Poder Judicial, de ser “un estado paralelo”, cuando es ella quien -según se desprende de los argumentos de la sentencia en la Causa Vialidad-, había configurado un estado paralelo para robar dineros públicos. Sin duda lo más autoritario del pensamiento de Cristina Fernández surge en su desprecio a la división de poderes y al control de la prensa. Un desprecio que deviene en furia sin límites al punto de mostrarse a sí misma ejecutando una operación de inteligencia.
El tribunal afirmó que existió “una extraordinaria maniobra fraudulenta” y que se dispuso “del aparato estatal” para “la consumación del delito” mediante la adjudicación sistemática de obras viales en beneficio de Lázaro Baez evidenciando la existencia de “vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública nacional y las empresas contratistas del estado” pertenecientes a Baez. ¿Por qué entonces no avanzó el tribunal a la condena por asociación ilícita? Si prima facie se cumplen todos los requisitos que al menos describe esa tipificación. Veamos. Hay más de tres personas, organizadas ni más ni menos que en el estado, que sostienen en el tiempo, una misma maniobra con fines de lucro. Y vaya cuánto lucro. Entonces qué frenó a los jueces. O al menos a dos de ellos.
Por lo pronto el fiscal está decidido a recurrir la sentencia y a buscar que el Tribunal de Casación reconsidere la existencia probada del delito de asociación ilícita. Para referir sus argumentos no excluye la sorpresa de que una figura que es en numerosas ocasiones aplicada en casos de estupefacientes por ejemplo, sea tan repelida cuando se trata de casos de corrupción política cuando podría erradicar la podredumbre a fondo, y que no se reduce sólo a este caso. En lo técnico, para Diego Luciani, existe en el caso Vialidad lo que se llama indeterminación de delito, por la repetición sistemática del mismo modus operandi en 51 obras públicas a través de 12 años, es decir en forma sostenida en el tiempo, y Vialidad configura en ese sentido un leading case.
¿Por qué genera tanto escozor esta figura en la política y en la justicia? ¿Será porque se terminarían muchos negocios? En días pasados, llegó a leerse entre los argumentos dados en contra, por una fuente, que “todo gobernador tiene algún empresario amigo” y que una jurisprudencia así pondría a muchos en comisión. Diego Luciani no tiene dudas de que existió una asociación ilícita en el caso Vialidad y afirma que está aplicando “el tipo penal que corresponde”. Pero además, está convencido de que “aplicar esta figura es cortar la corrupción”.
¿No habrá llegado la hora de aplicar a fondo una sentencia ejemplar que no sólo haga justicia en el caso de Cristina Kirchner y sus cómplices sino que genere un efecto preventivo? La corrupción está entre las principales preocupaciones de los argentinos. Días antes de la sentencia, cuando la vicepresidenta osó comparar al tribunal que la juzgó en democracia con “un pelotón de fusilamiento”, ante la desmesura, Graciela Fernandez Meijide afirmó: “El pueblo sabe cuánto se robaron porque es lo que falta”. Esa simple aseveración acerca de lo más parecido a un estado de corrupción evidente y conocido pero sobre todo padecido por los argentinos, es lo que debería alentar a los jueces a propiciar un cambio de fondo, un real Nunca Más de la corrupción que impida que sólo después de décadas se pueda perseguir con suerte algo de justicia cuando ya es demasiado tarde para tanto robo.
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