El nombramiento del Procurador de la Corte Santafesina fue resistido desde la forma misma de la designación. Aunque era una función propia del Ejecutivo Provincial no cumplía con el requisito del consenso. Lo nombró después que había sido elegido el nuevo Gobernador y antes de dejar el cargo. Esto quedó en silencio durante estos dos años pero cabe recordar que la función del Procurador es establecer QUÉ SE INVESTIGA, CÓMO SE INVESTIGA, QUIÉN LO INVESTIGA- Sería interesante preguntarnos qué no se investigó durante estos dos años.
Transcribo a continuación una explicación que se dio en esos días:
50 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SANTA FE PIDEN AL DR. ERBETTA Y AL DR. BASSÓ QUE REFLEXIONEN
Llamado a la reflexión democrática y a un gesto ético.
27/09/2007
Algunas de las principales organizaciones de la Sociedad Civil santafesina, reunidas el martes 25 del setiembre en la sede de la Federación Gremial de Rosario, hicieron pública su preocupación por el modo en que se ha decidido avanzar en la integración de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y del Ministerio Público Fiscal.
Con la convicción de que existe una directa relación entre la solidez del sistema de justicia y la calidad de la democracia, afirman que una Democracia sólida y estable requiere, para su funcionamiento, un Poder Judicial legítimo, creíble, neutral y capaz de realizar el valor Justicia.
En ese sentido, sostienen que el mecanismo de selección y remoción de los jueces debe ser lo más amplio y participativo posible.
Señalan que es muy importante que la ciudadanía sea consciente del enorme poder que implica la facultad constitucional del Gobernador de proponer candidatos para cubrir vacantes en la Corte y, de allí que plantean que el Poder Ejecutivo debería autolimitar su discrecionalidad, sometiendo sus propuestas a la consulta previa de entidades académicas, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, y/o requiriendo de ellas sugerencias de candidatos.
Este mecanismo, ya adoptado por el Poder Ejecutivo Nacional para la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Decreto Nº 222/03), incorporaría una mayor transparencia a los nombramientos y generaría un canal de participación de la ciudadanía, para lograr que esas designaciones sean legítimas.
(..)
Con la certeza de que los profesionales que han sido propuestos por el Gobernador prefieren gozar de legitimidad social en sus cargos, esto es, que su designación sea producto del consenso de la ciudadanía; las Organizaciones de la Sociedad Civil antes mencionadas, con el respaldo de más de 50 instituciones de diferentes regiones de la provincia de Santa Fe y del país; instan al al Dr. Agustín Basso, a autoexcluirse.
Grupo Promotor:
Asociación Conciencia Rosario,
Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U. N. L.
Colegio de Abogados de Rosario
Despertar Ciudadano ONG
Federación Agraria Argentina
Foro Regional Rosario
Fundación Apertura
Fundación Ejercicio Ciudadano
Grupo Trascender
Organizaciones autoras de "Una Corte para la Democracia" que se manifestaron en el mismo sentido sobre los nombramientos:
Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Dr. Roberto Saba
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Dr Daniel Sabsay
Fundación Poder Ciudadano, Laura Alonso
Instituto de Estudios Comparados en Cs. Penales y Sociales (INECIP), Silvina Ramírez
Unión de Usuarios y Consumidores, Horacio Bersten
Adhesiones:
Abogados querellantes en causas de DDHH, de Santa Fe- Dr. Pedraza
Alicia Megias (Profesora Titular Historia Argentina y Latinoamericana) Fac. Ciencia Política. UNR
Asociación Civil Anticorrupción, Miembro titular: Nélida Quiroz.
Asociación Civil La Casa del Sur. Santa Fe. (Presidente: Marcelo Ponce)
Asociación del Magisterio del Departamento Castellanos (Ana Minetti)
Asociación El Ágora (Córdoba)
Y siguen las adhesiones
25 nov 2009
Cómo se resistió al nombramiento de Agustín Bassó
Publicadas por Stella Maris Coniglio a la/s 10:35 p.m.
Etiquetas: Agustín Bassó, decreto Nº222/03, la justicia santafesina